Recriminan a la consejera de Desarrollo Sostenible sus recientes declaraciones y exigen una “normativa autonómica garantista”.
CIUDAD REAL.- Las plataformas vecinales contra las plantas de biogás de una quincena de municipios de la región han reprochado a la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, sus últimas declaraciones públicas en defensa del Plan Regional de Biometanización 2024-2030.
En una carta enviada este jueves a la Junta de Comunidades, las plataformas manifiestan su “más firme protesta, rechazo y preocupación institucional” por las afirmaciones vertidas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del pasado 13 de enero, de las que piden una “rectificación pública inmediata”.
Los vecinos denuncian que Gómez “omitió deliberadamente” el “rechazo social masivo” contra el plan, silenciando que durante la primera fase del periodo de alegaciones se presentaron “más de 13.400 alegaciones, de las cuales más de 9.400 eran de la plataforma de Socuéllamos”.
También recriminan que olvide las alegaciones de la Consejería de Sanidad, en las que advertía sobre los riesgos sanitarios no considerados, límites de distancia insuficientes para las plantas y el riesgo de escapes de gases que afectan a la salud respiratoria y la contaminación de acuíferos, criticando “la falta de atención a la salud” en el plan inicial y pidiendo “más garantías ambientales y sanitarias”.
Omisiones que, para las plataformas vecinales, constituyen “una manipulación consciente de la realidad, destinada a minimizar la magnitud de la oposición social” ante este tipo de proyectos.
Por otro lado, afean que la consejera de Emiliano García-Page que sin la aprobación del plan autonómico no pueda haber distancias mínimas para la instalación de las plantas de biometano, recordando que la normativa estatal y europea establece “obligaciones claras en materia de protección de la salud y el medioambiente”.
Los movimientos vecinales rechazan que la Junta descargue las responsabilidades exclusivamente en los ayuntamientos, sabiendo que los municipios más pequeños carecen de recursos y personal técnico para emprender las modificaciones urbanísticas pertinentes.
Una “dejación de funciones” con la que niega el papel de la Junta en un problema de índole regional, con al menos 86 proyectos registrados en Nevia o en los ayuntamientos de la comunidad autónoma.
Por ello, consideran que sus afirmaciones constituyen una “acumulación de errores jurídicos, falsedades objetivas, desviaciones de responsabilidad y acusaciones improcedentes que no pueden quedar sin respuesta”.
Finalmente, las plataformas exigen “la elaboración urgente de una normativa autonómica garantista que regule distancias, emisiones, digestato, riesgos sanitarios y condiciones de implantación”, poniendo fin a la “inseguridad jurídica” que ha agravado con sus declaraciones.
